Desde el gran apagón eléctrico del pasado
28 de abril, el sistema eléctrico español ha activado una operación
reforzada para evitar que se repita.
Una de las consecuencias más
visibles ha sido el aumento sostenido de los precios de los llamados
servicios de ajuste,
cuyo encarecimiento ya está provocando un efecto dominó en el mercado
eléctrico, especialmente para los consumidores industriales.
Las comercializadoras eléctricas han comenzado a trasladar este
incremento de costes a sus grandes clientes industriales. En las últimas
semanas, estos consumidores están recibiendo avisos de ruptura de contrato y propuestas de nuevas condiciones,
sensiblemente más caras.
“Desde el apagón producido en la red de
transporte gestionada por Red Eléctrica de España, los costes de los
servicios que garantizan la estabilidad del sistema (ajustes y
restricciones técnicas) han subido de manera notable y sostenida. Estos
costes son regulados, no dependen de nosotros, pero nos afectan
directamente como comercializadora”.
El principal problema es estructural: la entrada masiva de renovables
—como la eólica y la solar— ha desplazado a las centrales de ciclo
combinado de gas del mercado mayorista, que ahora están siendo
convocadas fuera de mercado para mantener la estabilidad del sistema. Al
activarse en régimen de restricción técnica, su puesta en marcha resulta más costosa,
y estos sobrecostes recaen directamente en las comercializadoras, de
las cuales muchas no tienen herramientas financieras para cubrirse
frente a ellos.
El impacto es especialmente duro en los
contratos a precio fijo o “pass pool” (precios parcialmente indexados),
donde las previsiones iniciales han quedado completamente desfasadas.
Los servicios
de ajuste han subido muchísimo, y los contratos sufren. Un contrato
‘pass-pool’ que fija servicios de ajuste pero no el mayorista está
perdiendo dinero. La comercializadora vende a un precio determinado,
pero ahora está pagando más de lo que gana.
Como medida de contención, muchas compañías están revisando los
modelos contractuales y añadiendo cláusulas que permitan ajustar precios
si los servicios de ajuste se disparan, una práctica similar a la
vivida con el mecanismo del tope al gas.
